La renuncia del Presidente

O reflexiones sobre los revolucionarios progresistas como amantes del metaconstitucionalismo.

@JorgeMGalvan

Hoy como hace tres años los revolucionarios progresistas no hacen más que demostrar su fervor hacia los poderes metaconstitucionales del sistema presidencialista mexicano del siglo pasado al exigir la renuncia del Presidente de la República. Esta exigencia recurrente, hoy como hace tres años y durante la campaña presidencial, no hace sino demostrar que hacen falta ideas alejadas de la hipócrita indignación de coyuntura ante la atrocidad y la barbarie.

La renuncia de un Presidente de la República, las detenciones espectaculares de presuntos criminales o la captura de un presidente municipal enfermo de poder distan de resolver el terrible, grave problema de inseguridad y violencia que se vive en amplias zonas del país.

Creer que un Presidente de la República es capaz de reorientar la política de seguridad a contentillo, por sí sólo y sin la transformación efectiva de las instituciones hacendarias y de seguridad, además de ser una lectura astigmática y paternalista de nuestro sistema político, dista de representar el tipo de ideas que necesita nuestro país. Cabe gritarlo, compartirlo en redes sociales e inclusive pintarlo en las calles, creérselo es lo que impide la formulación de una idea o una propuesta que nos saque de este problema. Una posición de este tipo tiende a partidizar el problema y nos lleva a pedir la renuncia de funcionarios a conveniencia de las preferencias políticas de quienes la exigen.

En su convenenciera ceguera, los revolucionarios progresistas inclusive se han mostrado incapaces de reconocer que a quien exigen renuncia es quien detuvo la enfermiza relación de poder  del presidente municipal en el pueblo donde desaparecieron los 43 normalistas.

Si hace tres años una política fallida de seguridad intentó dotar de legitimidad a un gobierno fascistoide que siempre la tuvo, hoy esa misma política de seguridad persiste debido a la inexistente reorientación hacia una que sea verdaderamente de Estado y no de gobierno. A diferencia del gobierno anterior, el del Presidente Peña pretende disminuir la violencia e inseguridad con un proyecto y a través de las reformas estructurales fundamentalmente de carácter económico para generar empleos. El planteamiento de seguridad del Presidente Peña resulta consecuencia de los resultados de las reformas necesarias, largamente postergadas y recientemente aprobadas; hoy este planteamiento resulta insuficiente ante la violenta realidad que nunca se fue y se demostró en Ayotzinapa.

Las reformas tenían que ir de la mano con la reorientación de la política de seguridad y no ser la reorientación consecuencia de las reformas. Cuando menos hoy eso es lo que se lee desde la tragedia, pero será el transitar de este punto de inflexión reformista hacia el despegue del país, lo que le terminará dando la razón al Presidente Peña o no en materia de seguridad.

Por más personas y signos partidistas que lleguen a la Presidencia de la República, casos como el de Ayotzinapa, Salvarcar, Monterrey y Morelia seguirán siendo parte de la realidad mexicana a menos que contemos con una real y efectiva coordinación entre órdenes de gobierno, acción policiaca coordinada y eficaz, combate efectivo a estructuras financieras del crimen organizado, una política de prevención social del delito y persecución a la corrupción política.

Los revolucionarios progresistas que exigen renuncias de funcionarios como solución de coyuntura, se han vuelto subjetivamente incapaces de distinguir la destrucción de un viejo orden (que a todas luces y hasta ahora ha sido incapaz de contar con una política de seguridad de Estado) de su autodestrucción, puesto que al pretender que vivimos la metaconstitucionalidad del poder presidencial en México, se ostentan como productos y ejemplares del orden que pretenden destruir.

En un país que vive de la coyuntura es difícil distinguir entre causas y consecuencias.