@JorgeMGalvan
Hace pocos días, el 11 de abril, publiqué en el blog
del Partido Revolucionario Institucional una entrada llamada “Michoacánconvoca” en la que detallo los avances de la implementación del Plan Michoacán
así como una crítica sobre la falta de acción de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la estrategia:
Falta aún mucho por hacer, con
decisiones radicales como las que se han tomado, desde Michoacán podemos
comenzar a construir confianza para crear futuro esperando que las acciones en
proceso deriven en resultados. Falta mucho, me gustaría ver un involucramiento
más activo de la Unidad de Inteligencia Financiera en la estrategia y acciones
contundentes contra el lavado de dinero, dinero criminal que se introduce a
nuestro sistema financiero nacional.
El día siguiente a la publicación de este artículo,
durante la visita de cuatro días que realizó el Secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, a Washington para la reunión de ministros del G20, con el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial, dio a conocer la firma de un
acuerdo relevante con el gobierno de Estados Unidos.
Videgaray firmó un acuerdo con el Departamento del
Tesoro para sancionar a empresas o bancos mexicanos que hagan transacciones con
mexicanos que aparezcan en las listas de Estados Unidos, las Naciones Unidas o
las elaboradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Basta recordar la pifia de estrategia del sexenio de
Felipe Calderón para resaltar que la coordinación con el gobierno de Estados
Unidos consistió en la entrega absoluta de nuestro sistema de inteligencia (y
por consiguiente su desmantelación) así como el libre tránsito a fuerzas
americanas para ejercer la fuerza en territorio nacional. Destaco que ahora
exista una coordinación financiera con el gobierno de Estados Unidos en la
administración del Presidente Peña por la necesidad de integrar expedientes
desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda junto
con la Procuraduría General de la República para rastrear y monitorear las
actividades ilícitas del crimen organizado en nuestro país que introducen
dinero a nuestro sistema financiero nacional.
En julio del año pasado un abogado de Culiacán fue
señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el abogado del
Mayo Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. Este tipo de boletines
emitidos por el gobierno de Estados Unidos ahora estarán coordinados con la
Secretaría de Hacienda con la firma de este acuerdo trascendental para seguir
transitando de la lógica de la “guerra contra el narco” a la estrategia del
Presidente Peña que ha hecho énfasis en la prevención del delito y hacia el
combate efectivo de las estructuras financieras del crimen organizado.
Inclusive la Secretaría de Hacienda ha decidido ir
más allá al endurecer las disposiciones para prevenir operaciones de lavado de
dinero y de financiamiento al terrorismo a través de entidades financieras con operaciones
en México y definió las fuentes de información que utilizará para integrar la
“lista de personas bloqueadas” para realizar operaciones en dichas
instituciones. A través de la Resolución que Reforma, Adiciona y Deroga las
Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de
Instituciones de Crédito, publicada este viernes en el Diario Oficial de la
Federación, se ordenó a las entidades financieras reportar operaciones con
cheques de caja por más de 10 mil dólares americanos, y conservar los informes
de operaciones relevantes durante 10 años.
Con una estrategia de coordinación en el combate al
crimen organizado tanto a nivel nacional como internacional así como con el uso
de nuestra inteligencia financiera podremos disminuir la violencia asociada a
las actividades ilícitas del crimen organizado transnacional en México. Bien por la Secretaría de Hacienda que ha
dado un paso fundamental para tener un México en paz.
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